Asuntos generales de la sesión del 14 de Marzo de 2017






En su oportunidad, la diputada Josefina Moreno Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Hacendaria para eliminar la exención del pago de impuesto de adquisición de inmuebles en perjuicio, con el propósito de fortalecer las finanzas de los Ayuntamientos y suprimir beneficios a los partidos políticos.

Por su parte, la legisladora Mayela Macías Alvarado, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, informó que derivado de la realización en días anteriores del Parlamento de las Mujeres, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incrementar la temporalidad de las órdenes de protección. Macías Alvarado recordó que este planteamiento fue expuesto en dicho parlamento por la Asociación Civil Mujer Contemporànea.

A su vez, la diputada Norma Zamora Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PES, iniciativa de reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública y la referente a la Municipal para el Estado de Aguascalientes, encaminada a que los gobiernos  fomenten políticas públicas que impulsen el desarrollo y fomento económico en los Ayuntamientos y la ciudad capital, orientadas en principio a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Zamora Rodríguez detalló que los mecanismos también deben contemplar financiamientos con sus reglas de operación, en aras de propiciar la creación de negocios productivos que a su vez generen empleos.

Desde la máxima tribuna, el legislador Jesús Morquecho Valdez, en representación del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PES propuso una  reforma a la Ley estatal para Prevenir , Atender y Erradicar la Violencia Escolar, con el objeto de fortalecer las medidas de protección a los alumnos y brindar mayores facultades al Consejo Escolar que atiende y da seguimiento a este tema, para que actúe de manera más eficaz.

La diputada Karina Eudave Delgado, al hacer uso de los micrófonos de la tribuna parlamentaria, ratificó que la iniciativa presentada momentos antes presentó de manera conjunta con su homóloga Norma Zamora Rodríguez, busca incentivar la formulación de políticas públicas en favor de los habitantes de zonas con mayor rezago económico, en atención a las problemáticas sociales que se derivan del gobierno de Donald Trump.

En su oportunidad, el legislador Raymundo Durón Galván, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN-PES, planteó una iniciativa de reforma al Atículo 105 de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, con el objeto de que se contemple un 50 por ciento de descuento en el cobro de la tarifa a aquellos usuarios que padezcan alguna discapacidad física.


Por su parte, el diputado Sergio Reynoso Talamantes, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un proyecto de Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales y su Certificación en el Estado de Aguascalientes, encaminada a fortalecer la profesionalización de los ciudadanos y que se conduzcan en total apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas.

Reynoso Talamantes aseveró que esta propuesta de ordenamiento busca eliminar aquellas prácticas deshonestas de presentar títulos y cédulas apócrifas,  y con ello evitar el daño a las instituciones y el daño al derecho de terceros.

La diputada Guadalupe De Lira Beltrán presento una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, con el propósito de eliminar el impuesto que el ciudadano tiene que desembolsar para que la autoridad le entregue su vehículo que fue recuperado tras ser robado.

Desde la máxima tribuna parlamentaria, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, aprovechó el uso de la voz para destacar la productividad con la que se desarrolló este primer periodo ordinario, al resaltar que son un total de 85 iniciativas presentadas en este periodo.

Por otro lado, López Ramírez  presentó una iniciativa para modificar los Artículo  8 y 167 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, con el propósito de establecer incentivar la participación ciudadana en los comicios electorales, mediante el establecimiento de mecanismos que obliguen a los candidatos a debatir en campaña cada ochos días; por otro lado, estipular la obligación del ciudadano de acudir a las urnas, y al que no lo haga se le aplique una sanción económica y doble multa para aquellas personas que tampoco haya cumplido su función de fungir como funcionario de casilla.

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