Aprueba Comisión de Justicia seis dictámenes de gran impacto social

Tras semanas de análisis y deliberación, este lunes fueron aprobados de manera unánime en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Aguascalientes, los dictámenes que resuelven seis iniciativas en materia civil y penal con temas de impacto social, según destacó el presidente del órgano parlamentario, diputado Luis Fernando Muñoz López.

El primer asunto tratado en el orden del día fue la iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil del Estado de Aguascalientes; la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes; el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes; y el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo y el legislador Adolfo Suárez Ramírez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El objeto de la propuesta consiste en establecer normas que protejan a los niños que viven un proceso de separación de sus progenitores, para que conserven la libre conciencia ante el riesgo de ser alienados por alguno de sus padres.

La comisión legislativa dictaminó establecer civilmente como una forma de violencia familiar a la alienación parental, además de incluir como una garantía expresa en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el mantener vínculos con sus progenitores sin que alguno de éstos pueda impedirlo u obstaculizarlo mediante la manipulación de la conciencia del menor.

Al igual que en todos los dictámenes presentados en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, secundaron la propuesta los diputados Luis Fernando Muñoz López, Juan Manuel Méndez Noriega, Leonardo Montañez Castro y J. Jesús Rangel de Lira; asimismo, la legisladora Ángeles Aguilera Ramírez dejó por escrito sus pronunciamientos respectivos.

El siguiente punto en el orden del día fue el dictamen sobre las iniciativas para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentadas de manera separada por los diputados Mario Alberto Álvarez Michaus y Lourdes Dávila Castañeda, que proponen modificaciones para el otorgamiento de órdenes de protección, incluyendo la perspectiva de género.

Posteriormente, recibió el aval de los legisladores de la Comisión de Justicia, la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes y la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El objeto del proyecto normativo consiste en adecuar la legislación local para erradicar la violencia en contra de la mujer en todas sus formas, por lo que se incluye el concepto de violencia obstétrica, entendida como todo acto u omisión del personal de salud, tanto médico, auxiliar y/o administrativo, que, en ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer en su salud física y psicoemocional, durante el periodo de embarazo, parto, puerperio y procesos reproductivos.

También en sentido positivo, se votó el dictamen que resolvió las iniciativas de reformas y adiciones al Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentadas por los diputados Leonardo Montañez Castro y Adolfo Suárez Ramírez, que tienen relación con ampliar derechos y obligaciones alimentarias establecidas en dicha normatividad.

Al respecto, el representante popular Leonardo Montañez, detalló que además de la comida, el concepto de alimentos incluye el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, y en su caso, los gastos de embarazo y parto; adicionalmente, respecto de los menores de edad, se contemplan además, los gastos necesarios para su sano esparcimiento; educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y en su caso, educación especial; así como para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

El diputado panista indicó que la propuesta es que la obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad y hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado acorde a su edad y no cuenten con ingresos propios; además enunció con relación a las personas declaradas en estado de interdicción o con discapacidad sin posibilidad de trabajar, comprenden también lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo e inclusión social.

Enseguida, se discutió lo referente a la iniciativa de adición de un artículo 38 BIS y de reforma al primer párrafo del artículo 39 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado J. Luis Fernando Muñoz López, del Grupo Parlamentario del PRI y PVEM.

El objeto de la propuesta es agregar al Código Penal del Estado la figura de la reincidencia, la cual se configura siempre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República Mexicana o del extranjero, cometa otro delito en la entidad, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la pena; y que con base en ello se pueda incrementar hasta en dos terceras partes la pena mínima establecida para el ultimo delito que se cometa, según la peligrosidad del delincuente.

El presidente de la Comisión de Justicia enfatizó que con el proyecto legal que tendrá que ser ratificado por el Pleno Legislativo, se atiende una demanda sentida de la población en general, y que consiste en castigar de manera más severa a quienes han hecho de la delincuencia una forma de vida, a fin de frenar que estas personas cometan más delitos.

Por último, se sometió a la consideración de los legisladores presentes en la sesión extraordinaria del órgano parlamentario, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y a la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes, presentada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

El objeto de la propuesta, esencialmente consiste en reconocer legalmente a la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, la calidad de organismo desconcentrado, dependiente a la Secretaría General de Gobierno, esto con la finalidad de evitar posibles conflictos de interés, al estar adscrita originalmente a la Fiscalía General del Estado.

Cabe hacer mención que se tenía programado debatir lo referente a una iniciativa del legislador Leonardo Montañez para penalizar el requerimiento ilícito de pagos, pero por acuerdo de los integrantes de la Comisión, se optó por proseguir con el análisis de la propuesta.